¿Qué está sucediendo en Chile?

Desde el día 18 de octubre de 2019 el país se encuentra sumido en una serie de protestas ciudadanas surgidas en respuesta al aumento del pasaje del metro a inicios de mes. Las protestas han sido masivas y ya para el día 25 la marcha convocada en Santiago convocó a más de un millón de personas sin contar con los miles que también se han manifestado en regiones. Hasta hace pocos días, la economía chilena era ejemplo a seguir para gobiernos de América Latina, así también para los economistas de la ortodoxia neoclásica y de la escuela austriaca. Dentro de los principales foros económicos capitalistas, adoptar reformas que simularan el camino de Chile es una propuesta reiterativa a seguir.

La primera reacción del gobierno de Chile y de las autoridades fue sacar al ejército a las calles, imponer Estado de emergencia y luego toque de queda, con el saldo de 19 muertos (actualizado el 26-10-19 a las 12:45), centenares de heridos y miles de detenidos. Por su parte, los apologistas del modelo han reaccionado acusando al gobierno de Nicolás Maduro como el principal responsable y organizador de todas estas manifestaciones, ignorando por supuesto, que estas protestas se originan a raíz de contradicciones inherentes a la economía capitalista del país. La impactante realidad es que la mayoría de los chilenos apoya las movilizaciones (72% según la encuesta Cadem Plaza Pública de la quinta semana de octubre, 85% según la encuesta Termómetro Social para octubre 2019) mientras la desaprobación hacia el presidente Sebastián Piñera es también mayoritaria (79% según la ya mencionada encuesta Cadem), a su vez, la ciudadanía se manifiesta a favor de una nueva Constitución (87% según Cadem, 80,3% según Termómetro Social) que reemplace la Constitución vigente heredada de la dictadura militar.

Entonces, ¿qué ocurre en el país? Para responder esta pregunta haré un barrido con los datos extraídos de la OCDE para demostrar que la protesta en Chile es una demanda por un país más equitativo, un país que se encuentra sumamente retrasado en términos sociales si lo comparamos con la OCDE. Esta situación contradictoria entre el retraso social y las elevadas tasas de crecimiento económico (con solo 2 años de recesión entre 1989 – 2019), es lo que ha llevado al ciudadano chileno a manifestarse contra la situación existente.

Chile, un país socialmente atrasado

Revisemos los datos más representativos en los siguientes términos: salud, educación, pensiones y Régimen laboral.

SALUD

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El gasto público en salud como porcentaje del PIB se encuentra detrás de la media de la OCDE.

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La cobertura asegurada por la salud pública de Chile es de las más bajas dentro de toda la OCDE, solo superando a Estados Unidos.

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Chile se encuentra en la cola de la OCDE como uno de los países donde sus ciudadanos menos visitas médicas realizan cada año. Del mismo modo, tiene un sistema de salud público que no es universal, llevando a que tan solo el 75,6% de la población se encuentre incluida dentro del sistema público de salud.

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A su vez, Chile se encuentra al final del listado con el gasto público en salud como % del total, solo superando a Letonia y México.

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Pero, por otro lado, el gasto de los hogares en salud en Chile, es de los más elevados dentro de la OCDE, una vez más, solo superados por Letonia y México.

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Incluso, si somos todavía más rigurosos, se puede apreciar que el gasto familiar por cabeza en Chile es de los más elevados dentro de la OCDE si se le compara con la mediana salarial, también es elevado si se lo mide nivel de dólares, ya que mientras la familia chilena desembolsa US$ 796, la familia alemana desembolsa US$ 799.

A nivel equipamiento podemos utilizar los siguientes datos.

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Como número total (la OCDE considera tanto instituciones públicas como privadas bajo el concepto de hospitales), Chile se encuentra por sobre países como Italia o España.

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En cuanto a las camas hospitalarias, Chile se encuentra en la cola de la OCDE solo superando a México. Este indicador es muy importante toda vez que, refleja la capacidad del sistema sanitario para absorber el máximo número de personas con necesidad de ser internadas bajo diferentes necesidades.

Revisemos la tecnología médica disponible frente a cada país:

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No existen datos para Suiza.

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No existen datos disponibles para Alemania y Reino Unido.

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No se encuentran datos disponibles para Suiza y Alemania.

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No existen datos para Holanda, Israel, Francia y Alemania.

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No se cuentan datos para Portugal, Japón, Holanda, Francia y Alemania.

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Chile es el último país según el número de médicos cada 1000 habitantes. También, Chile ocupa posiciones relativamente atrasadas en cuanto a diferentes equipos tecnológicos en comparación al resto de los países.

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Finalmente, Chile es uno de los países con los tiempos de espera más elevados dentro de la OCDE considerando diferentes cirugías como muestra el gráfico.

  • Balance: El sistema de salud chileno se encuentra subfinanciado en comparación con la OCDE conllevando una carga superior para los hogares que deben asumir elevados costos de atención bajo conceptos de copago, por otro lado, la falta de financiamiento y de recursos genera las más altas tasas de espera. La causa raíz de esto tiene que ver con la separación de un sistema público y uno privado, donde, cada ciudadano decide dónde cotizar su 7% obligatorio. Aquellos que se decantan por el sistema privado, terminan transfiriendo el 7% de sus salarios a las aseguradoras privadas que operan bajo la modalidad de negocio con lucro. 

Observando los datos de financiamiento Isapre vs Fonasa

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fuente extraída en http://wwwdipresgobcl/598/articles-158418_doc_pdfpdf

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En total, Isapre se lleva más de 3500 millones de dólares.

A nivel per cápita la diferencia es la siguiente:

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(Considerando que la población cotizante y/o afiliada en cada sistema)

El nivel de desigualdad se inicia desde el momento que se dividen las cotizaciones y las personas con ingresos más elevados, se afilian al sector privado. En otras palabras, a diferencia de los países europeos en los cuales la cotización va hacia un fondo común, en Chile esta se segmenta entre dos sistemas, uno público y que pretende ser universal, y otro privado que entregará opciones según el plan (entre más costoso, más beneficios y opciones entrega).

A continuación se presentan los datos de la distribución de afiliados según sistema previsional de salud total y también según ingresos autónomos per cápita hogar (2017). En la misma, podremos identificar que la mayoría de las personas se encuentra afiliada al sistema público, y del mismo modo, la mayoría de las familias del decil más elevado se encuentran afiliadas al sistema privado.

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Fuente extraída de https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/10/CASEN-Salud-2017.pdf

El sistema de salud en Chile además, es sumamente oneroso para sus usuarios, en este aspecto, es pertinente comparar la situación con respecto a los países de Europa.

 

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Dentro de Europa, países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o España no poseen una estructura de copagos en las diferentes atenciones y servicios a sus pacientes.

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Incluso en aquellos países que poseen el copago aplicado, las tasas son mucho más reducidas que en Chile. En Alemania, por ejemplo, el día de hospitalización en promedio cuesta 10 euros, el día cama en el hospital público de Talca como mínimo cuesta 38 euros, cuya información se puede extraer aquí:

https://www.hospitaldetalca.cl/2015/hdetalca/wp-content/uploads/2019/10/Aranceles-19-20.pdf

En síntesis, el sistema de salud chileno se encuentra retrasado en relación con los sistemas de salud que por norma general existen en Europa. No asegura ni universalidad, ni equidad, su eficiencia se basa en el libre mercado, y el tiende a ser sumamente regresivo.

EDUCACIÓN

La distancia y desigualdad en educación la podemos, a su vez, observar mediante la cantidad de estudiantes matriculados en instituciones públicas.

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Como podemos ver, Chile es uno de los países con menor matrícula en educación pública y de los más elevados con respecto a la educación privada subsidiada. Sumando ambas, tenemos un 92% tanto en primaria y secundaria.

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Dentro de los países de la OCDE, Chile es de los países que menos destina a educación per cápita. Según tipo de institución, se destina más a los estudiantes en colegios privados que en colegios públicos.

Según los datos disponibles, el gasto público per cápita en educación pública solo equivale a un 80% del gasto per cápita en educación privada. Esta diferencia es elevada en comparación a países como Francia, Italia, Estados Unidos o Bélgica, países donde el gasto público representa como mínimo un 90%, en algunos casos incluso, éste gasto supera al privado.

También podemos revisar estas diferencias dentro del país si agregamos a los colegios subvencionados.

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Dólares PPP

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A la vez, los hogares chilenos son los que más gastan en educación terciaria (universidades, institutos profesionales y CFT) de la OCDE.

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Lo mismo ocurre con el gasto en educación primaria y secundaria. Los hogares chilenos son los que más desembolsan dentro de la OCDE, solo superados por México y Australia.

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Con respecto al gasto público en relación al total del gasto en educación terciaria, Chile ocupa los puestos más reducidos de la OCDE, solo supera a Estados Unidos, Japón y Reino Unido.

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Datos similares se pueden revisar si observamos el gasto público en educación primaria-secundaria sobre el total del gasto educativo. Chile ocupa los puestos más atrasados dentro de la OCDE.

En consecuencia, el 80% del gasto público en educación se dedica a un 92% de los estudiantes, mientras que el 20% restante solo se dedica a un 8% de los estudiantes que ingresan a instituciones privadas. En este sentido nos encontramos frente a un grave caso de desigualdad en la distribución de recursos.

Por su parte, si sumamos la existencia de los colegios subvencionados por el Estado, los cuales también comparten pagos (como matrículas y mensualidades) con los apoderados, tenemos la explicación del porqué el gasto familiar en educación primaria y secundaria es de los más elevados en la OCDE, esto sin revisar los datos a nivel universitario, donde el gasto familiar es todavía más elevado.

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Chile ocupa el primer lugar el primer lugar en el ratio estudiantes por profesor, es decir, nuestro sistema educativo (primaria y secundaria) posee una alta carga de alumnos en cada aula, lo cual impacta negativamente en la calidad de educación.

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Según los datos PISA, Chile se encuentra bajo la media de la OCDE, solo superando a Turquía y México.

  •  Balance: El déficit en educación se refleja en el elevado ratio de estudiantes por profesor, lo cual impacta negativamente dentro los datos PISA, siendo Chile, uno de los países con la más baja puntuación al respecto (superando solo a México y Turquía). El bajo nivel de gasto público lleva además a un elevado gasto familiar en educación terciaria.

El excesivo nivel de desigualdad en la educación, con una alta tasa de matrícula en colegios  privados subvencionados (los cuales a su vez, llevan a elevados niveles de gasto familiar), ha llevado a que nuestro sistema educativo se convierta en un sistema legalmente segmentado.

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Como se puede ver, el 32% de los estudiantes de bajo y medio bajo nivel socioeconómico se encuentran matriculados en instituciones públicas, por contraparte, solo el 21% de los estudiantes de los mismos segmentos, se matriculan en colegios subvencionados. A su vez, los segmentos medios son los que ocupan el fuerte de la matrícula en instituciones subvencionadas (30%) y una mínima parte en colegios públicos (6,6%). El sector alto se encuentra mayoritariamente en los colegios particulares pagados.

El coste asumido por las familias en términos de resultados académicos (medidos en SIMCE-PSU), no se reflejan en términos considerables.

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Fuente: <<Segregación Educativa en el sistema chileno desde una perspectiva comparada>>, Rodrigo González V., Centro de Estudios del Ministerio de Educación.

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Fuente: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/01/presentacion-ignacio-irarrazaval-desmunicipalizacion-de-la-educacion.pdf

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Fuente: http://centroestudios.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/100/2017/06/DctoTrabajo8-MRivera.pdf

Como síntesis se puede establecer a la luz de los datos disponibles, que este sistema educativo en Chile se encuentra sumamente segregado, segmentando los diferentes tipos de colegios según las clases sociales, los alumnos provenientes de las familias de menores recursos se encuentran conglomerados en colegios municipales, mientras aquellos estudiantes de segmentos medios y medio-alto, optan por colegios particulares subvencionados según el nivel de renta que les permite la matrícula y mensualidad, para terminar con los alumnos provenientes de familias acomodadas quienes estudian en colegios privados de alto costo. Este nivel de segregación termina no solo impactando en el bolsillo de las familias, sino que además significa una merma en la calidad educativa cuantificada mediante diferentes pruebas tanto nacionales (SIMCE – PSU) como internacionales (PISA).

No en vano, el director de Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Andreas Schleicher, dijo hace unos años sobre la educación en Chile “el sistema escolar de Chile no funciona bien ni siquiera a nivel de la élite, para quienes fue diseñado. El 10% de los estudiantes más desfavorecidos en Shanghai supera al 10% de los estudiantes más privilegiados de Chile (…) Es por eso que la mejora de la calidad y la equidad de la educación deben ir de la mano (…) No creo que el sector público tenga que estar a cargo de todas las escuelas, pero prácticamente todos los sistemas de educación de alto rendimiento tienen una visión educativa coherente que se extiende a todas las escuelas y tiene la capacidad de movilizar y asignar recursos en todo el sistema para que cada estudiante pueda beneficiarse de un excelente aprendizaje. Se necesita un sistema público fuerte para desarrollar y distribuir el talento docente. Más importante aún, la educación pública puede atraer a los profesores más talentosos a las aulas más desafiantes y a los directores más capacitados a las escuelas más difíciles. Es por eso que la política pública es tan importante

Pensiones

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En términos de pensiones la tasa de reemplazo (que se entiende como el porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajadores en activo) en Chile es de las más reducidas en relación con la OCDE, la cuarta más baja de todos los países.

  • Balance: El sistema de capitalización individual no asegura ni un 40% como tasa de reemplazo. Esto nos lleva a ser un país con jubilados empobrecidos y pensiones sumamente bajas.

El sistema de jubilación fue implementado en Chile a inicios de la década de 1980 teniendo como objetivo, disminuir el gasto público en pensiones, traspasando las mismas a las AFP, las cuales, recibirían la cotización de la remuneración de los salarios en Chile (10%) para luego invertirlos en fondos de inversión con el objetivo de generar un porcentaje de rentabilidad que incrementase tras décadas de cotización el ahorro de cada trabajador. Según José Piñera (artífice detrás de este sistema), “Todo trabajador dependiente deberá aportar mensualmente un 10% de su remuneración para incrementar su fondo individual (…). La cifra del 10% permitirá a un trabajador, de acuerdo a sus supuestos razonables, obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones”.

En efecto, este modelo ha sido exitoso de cara a todas las empresas que administran los fondos como se puede observar:

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Fuente: https://ciperchile.cl/2018/12/11/afp-radiografia-a-los-347-mil-millones-de-utilidades-netas-que-obtuvieron-en-2017/

Esto no conversa con la realidad de los chilenos pensionados quienes reciben en promedio menos del 40% de sus últimos ingresos. Esto significa que el sistema de pensiones (capitalización individual) chileno no ha cumplido con las promesas iniciales, conllevando como consecuencia a un proceso de pauperización continuo luego de la jubilación.

Pongamos esto en contexto, el común de los países no tiene ni se basa única y exclusivamente en este tipo de sistemas, más bien operan con el clásico sistema de reparto, el cual en términos simples, se basa en las cotizaciones de los activos, para financiar las pensiones de los jubilados.

La crítica constante hacia este tipo de sistemas indica que resultan ser sumamente costosos para el Estado y, en caso de que la proporción de la población jubilada aumente, el sistema no sería viable. El problema con esta afirmación es que no considera el dato de la productividad del trabajador, lo cual puede podemos revisar en la siguiente tabla:

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Éste considera la situación de un país a través de 50 años con un envejecimiento demográfico que significa un aumento de la población jubilada de un 10 a un 31%. En este ejemplo, la productividad aumenta un 2% anual, el PIB per cápita aumentó en 50 años desde US$ 7000 per cápita a US$ 14000. Los trabajadores cotizan un 10% de su sueldo para el fondo de pensiones, y, para mantener un sistema público que proporcione de pensiones cercanas al 80% del último sueldo, el gasto público debiera ser de un 18% del PIB, con todo, el gasto público en educación, salud y pensiones rondaría el 34% del PIB, una cifra para nada exagerada si lo comparamos con países como Francia.

Por el contrario, el sistema de capitalización individual requiere de un mínimo de 10% de rentabilidad anual para luego de 40 años de trabajo, el ahorro acumulado pueda proporcionar una pensión del 70% del último salario cotizado para hombres y 53% mujeres. 

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En este cálculo, he puesto el caso de una persona que comienza percibiendo un salario de $100.000 y luego de 40 años, termina percibiendo $1.500.000, si la rentabilidad es del 8% anual, la tasa de reemplazo será de 51% para hombres y 36% para mujeres, por último, si la rentabilidad es del 5%, la tasa de reemplazo será de 30% para hombres y 21% para mujeres.

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Si consideramos que tras 40 años el salario aumenta de $100.000 a $500.000, el resultado con una rentabilidad del 10% anual, la tasa de reemplazo será de 112% para hombres y 71% para mujeres, la rentabilidad es del 8%, la tasa de reemplazo será de 70% para hombres y 49% para mujeres, por último, si la rentabilidad es de 5%, la tasa de reemplazo será de 37% para hombres y 26% para mujeres.

En consecuencia, entre más aumenta el salario, más complicado se vuelve alcanzar el suficiente ahorro para lograr pensiones del 70% del último salario. Este inconveniente no lo posee el sistema de reparto que domina los países de la OCDE (y la mayoría del mundo).

Es importante destacar que para que este sistema funcione, estamos considerando una tasa de rentabilidad anual, no promediada, esto porque promediar la rentabilidad significar ignorar factores como los flujos de ahorro y saldos fijos final. Esto significa que los datos expuestos continuamente por la Superintendencia de Pensiones y las AFP no es exacto, pues la elevada volatilidad de los fondos de retorno aleja la media de rentabilidad de otros indicadores como la tasa interna de retorno efectivo, en otras palabras, es preferible tener una rentabilidad fija de 4% que una rentabilidad volátil del 6%.

Ejemplo;

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En este ejemplo tenemos tres fondos, el primero con una rentabilidad promedio de 6%, los otros 2 con una rentabilidad promedio de 4%. Sin embargo, a raíz de la volatilidad del fondo A, es inferior a B y C, y el B a su vez es superior al C, a pesar de que ambos posean en promedio la misma rentabilidad.

En términos simples, ¿de qué sirve tener una rentabilidad del 25% al inicio del período si los ahorros son muy bajos o casi nulos? En cambio, si al final del período se pierde un 50% se pierde un monto muchísimo mayor ya que los fondos acumulados a esas alturas son bastante más cuantiosos.

Es por esto que en Chile el modelo de pensiones instaurados durante la dictadura militar, solo ha beneficiado a las AFP, quienes han logrado cuantiosas ganancias a partir de las cotizaciones e inversiones, esta transferencia casi obligatoria del dinero de los trabajadores a su vez, ha generado un flujo enorme de dinero hacia otros sectores de la economía como el Retail y la banca, pero en oposición a este éxito, los trabajadores han debido de padecer las vicisitudes de un rendimiento altamente volátil en tanto sus ahorros son invertidos en el mercado bursátil, el cual, por antonomasia, tiene largos períodos de rendimiento y también de estancamiento y crisis. No es de extrañar que para alcanzar mejores pensiones, las personas con mayores ingresos accedan a APV, rentas vitalicias u otras modalidades ofrecidas por el mercado que operan bajo la misma lógica pero que sumando, permiten elevar el monto ahorrado, por supuesto esta opción normalmente no se pueden permitir los trabajadores con sueldos que no superan la mediana de ingresos.

Régimen Laboral

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Chile posee una de tasa de participación salarial dentro del PIB más elevadas dentro de la OCDE (datos de la OIT).  Esto, en principio indicaría que los salarios en Chile, siempre en proporción a su PIB y PIB per cápita, son elevados en comparación a la OCDE. En este sentido es necesario revisar en detalle estos datos.

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Los salarios mínimos en Chile son los más bajos dentro de la OCDE, solo superando a México.

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Por otro lado, el salario promedio en Chile ocupa mejores posiciones que el salario mínimo en comparación a la OCDE. No obstante, lo mejor será que observemos la participación del salario mínimo y medio en relación con el PIB per cápita.

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Como podemos observar, existe una importante diferencia entre el ratio salario mínimo/PIB per cápita y el ratio salario medio/PIB per cápita. Esto puede reflejar dos situaciones la primera significa tener una población que en términos generales recibe ingresos superiores al mínimo y más cercanos al promedio, la segunda en cambio es contraria, donde la población percibe ingresos más cercanos al mínimo.

¿Cómo podemos verificar esto para el caso de Chile? Mirando los datos de la desigualdad.

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Chile ocupa el primer puesto en desigualdad cuando revisamos la participación del decil 10 sobre el total de las remuneraciones, esto significa que el 10% más adinerado del país, se queda con un 42% del total de los ingresos.

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Esto nos indica que, si en Chile la participación salarial dentro del PIB es elevada en comparación a la OCDE, mientras que la mediana salarial, y el salario mínimo ocupan los puestos más reducidos, en un contexto de elevada desigualdad de ingresos, la respuesta se debe encontrar en los salarios más elevados (decil 9, pero sobre todo 10).

Además, revisemos la carga laboral de los trabajadores chilenos en términos de horas trabajadas.

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Chile nuevamente ostenta una de las posiciones más elevadas de toda la OCDE.

Y, en términos de seguridad laboral, estos son los datos que nos proporciona la OCDE.

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Este gráfico muestra la tasa de reemplazo que un desempleado tiene luego de 21 años cotizados en la seguridad social tanto a los 6, 12, 24, 48 y 60 meses de iniciado su período de desempleo. En otras palabras, la seguridad social en Chile no asegura que los desempleados luego de más de 2 décadas de trabajo, tengan un seguro de desempleo que permita mantener un nivel de ingresos similar al que tenían cuando figuraban como empleados. Nuevamente en este sentido, Chile se encuentra en la cola de la OCDE, es más, la diferencia se acrecienta conforme pasan los meses.

  • Balance: El salario mínimo es muy bajo, esto, sumado al número total de horas trabajadas al año, nos lleva a ser uno de los países con la situación laboral más precaria de la OCDE. Los ingresos son sumamente desiguales, y la protección al desempleo es también de las más bajas en la organización. Esto significa que el trabajador chileno gana poco, trabaja mucho, y se encuentra desnudo frente al miedo del desempleo.

En Chile la situación laboral ha llegado a este punto pues, desde 1979 (DL 2.756 y 2.758) se modifican las relaciones laborales interviniendo directamente el papel del sindicato, pasando desde un sindicalismo de clase, a uno despolitizado y desmovilizado, prohibiendo en el acto la negociación colectiva por ramas y en el acto, minimizando su función distributiva.

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En síntesis, en Chile el Estado de bienestar se encuentra sumamente retrasado en comparación a la OCDE, lo cual lleva a enormes niveles de desigualdad y altos niveles de explotación. Un indicador muy claro es el gasto social como porcentaje del PIB.

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Mientras el promedio de la OCDE es del 20%, en Chile el mismo solo supera el 13%. Este retraso social también se refleja en la pobreza relativa.

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Aquí se observa como Chile es uno de los países con mayor porcentaje de personas que viven con menos del 60% del ingreso promedio familiar.

Este nivel de desprotección institucionalizada conlleva una serie de consecuencias que se manifiestan en datos tan crudos como el elevado porcentaje de viviendas sin instalaciones básicas.

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La tendencia en Chile durante los últimos 50 años ha sido la de un tendiente crecimiento de la desigualdad y concentración del ingreso en el 1% más adinerado de la sociedad.

Participación en el ingreso en Chile del 1%, el 0,1% y el 0,01% (sin ajuste por evasión)

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Comparación Internacional

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Fuente: “Ingresos altos en Chile: una perspectiva histórica de la desigualdad en los ingresos personales (1962- 2014)” extraído de https://ciperchile.cl/2016/11/04/chile-50-anos-de-extrema-desigualdad-investigacion-basada-en-datos-historicos-del-sii/

¿Cómo es posible que la sociedad resistiera tantas décadas esta situación?

Debemos descartar las casi 2 décadas anteriores a 1989 pues hablamos de un período de dictadura, donde, desde 1982 el esfuerzo social se enfocó en conseguir garantías democráticas. Luego, entre 1989 y 2000, la sociedad civil se mantuvo, en términos generales, alejado de movimientos contestatarios y opositores al modelo instaurado en dictadura. Los motivos que explican esta “pasividad” pueden ser variados y habría que estudiar a fondo los primeros 10 años tras la recuperación de la democracia, pero lo cierto es que desde 2001 en adelante, los movimientos sociales contrarios al modelo implementado se hicieron presentes en nuestro país. El año 2001 50.000 estudiantes de enseñanza media salieron a las calles en el llamado Mochilazo rechazando el modelo instaurado cuya consigna era “La asamblea manda”, en 2006 los estudiantes volvieron a las calles movilizando a más de 1.400.000 adolescentes en una protesta conocida como la “Revolución Pingüina”, y luego en 2011 los estudiantes universitarios también se movilizarían en las calles demandando lo mismo que los años anteriores, este resurgir de la ciudadanía se explica a partir de tres factores:

1.       Las nuevas generaciones nacidas tras dictadura conforme madurasen, expresarían demandas más acabadas y ambiciosas que las reclamadas por las generaciones que lucharon durante la década de los años 80 en contra de la dictadura. Así, estas generaciones no se conformarían solo con tener garantías constitucionales y elecciones frecuentes, sino que además protestan por una distribución más equitativa del crecimiento económico del país.

2.       20 años de gobierno a manos del centro izquierda terminaría con la decepción de la sociedad hacia la promesa por construir un país diferente, con más igualdad y oportunidad para todos. Ni Aylwin, ni Frei, ni Lagos, ni Bachelet lograron cumplir con las exigencias acumuladas de la ciudadanía (recordemos los lemas proclamaban en sus candidaturas, Frei hablaba de “Nuevos Tiempos”, Lagos de “Crecer con igualdad”, Bachelet en su primer mandato “Por Chile, por la gente” y en su segundo mandato “Chile de todos”), tampoco la derecha logró lo prometido en sus campañas (Piñera “súmate al cambio” en su primera candidatura, y “vendrán tiempos mejores” en su segunda candidatura) donde, la tendencia general ha sido sostener el modelo construido en dictadura.

3.       Finalmente, las tendencias de participación electoral se irían reduciendo inexorablemente desde 1990 en adelante, pero con fuerza desde inicios del siglo XXI.

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El bajo porcentaje de participación electoral tiene directa relación con el desencanto de la sociedad con la clase política. Si observamos los datos aportados por la encuesta CEP entre noviembre de 1992 y noviembre de 2018 queda patente una clara tendencia hacia la “no identificación” con las posiciones políticas.

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Fuente: Encuestas Cep “Estudio Nacional de Opinión Pública N°64”

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Fuente: Encuesta CEP “Estudio Nacional de Opinión Pública N°82”

Esto, no implica que la sociedad haya adquirido una posición “apolítica”, más bien tiene que ver con un desencanto con el modelo político y económico implementado. El alto nivel de abstención electoral se debe entender en el marco de una sociedad que no ve, ni en la derecha ni en la izquierda, solución a sus necesidades.

La situación actual de este país desde el retorno a la democracia ha sido de un constante crecimiento económico en tanto la desigualdad se ha mantenido extremadamente elevada en comparación a la OCDE. Debemos entender que a pesar del crecimiento y la reducción de la pobreza absoluta (que bajo la medición del Banco Central pasó del 30% al 6,4% entre 2000 y 2017), la pobreza relativa se ha mantenido estable. Y es que, en relación con el crecimiento de la riqueza la pobreza ha conservado su nivel, e incluso en determinados casos, ha aumentado. En este sentido Marx lo indicó muy bien “Una casa puede ser grande o pequeña, y en tanto las casas circundantes sean igualmente pequeñas, la misma satisface todos los requisitos sociales que se plantea una vivienda. Pero si se levanta un palacio junto a la casita, esta se reduce hasta convertirse en una choza”.

Esto significa que en la medida que se mantengan los niveles groseros de desigualdad, el salario relativo se mantiene constante o se reduce. Y esta ha sido la tónica desde la década de los 60, un aberrante proceso de concentración en el país con una consecuente reducción del salario en términos relativos. Así, durante más o menos medio siglo, la sociedad chilena ha sido testigo del crecimiento desmesurado del nivel de vida y opulencia de una minoría muy reducida en número a la par de un empobrecimiento del ingreso relativo de la mayoría de la sociedad.

El levantamiento chileno tiene relación a las contradicciones inherentes al sistema capitalista, y es que conforme los diferentes ciclos de acumulación se desarrollan, el capitalista incentiva y refuerza la reinversión de plusvalía para la explotación de los obreros, lo cual genera más plusvalía, y esta una vez reinvertida genera más recursos para explotar más obreros. Las normas de acumulación se encuentran inscritas dentro de las leyes del capitalismo, y por tanto, están resguardadas bajo el alero político, jurídico y armado del Estado.

¿Se puede hacer algo?

El hecho de que la polarización social sea inherente al sistema capitalista evidencia los límites de todo reformismo de carácter burgués, dentro de lo que cabe la socialdemocracia, el liberalismo, y hasta la versión más radical del estatismo chavista. Y es que si el objetivo es que haya inversión, el Estado debe asegurar condiciones mínimas para que el inversor nacional e internacional pueda generar la explotación del trabajo y de este modo extraer la plusvalía: facilidad de despido, seguridad jurídica de sus propiedades, reducción de costos salariales, entre otros. Si los capitalistas no ven aseguradas esas condiciones, la inversión se paraliza con el congelamiento del crecimiento y el estancamiento de las fuerzas productivas.

En este sentido existen dos alternativas, la primera dentro del sistema, pero limitada y con una capacidad operativa con fecha de caducidad, y la segunda fuera del sistema, sin fecha de caducidad pero mucho más compleja de concretar.

La primera opción es reformar el sistema y realizar exactamente lo mismo que realizaron los gobiernos de los países de la OCDE décadas atrás, en específico, entre fines del siglo XIX y los años dorados del capitalismo. Entiéndase que la situación actual de aquellos países, y a pesar de sus problemas, es de décadas de adelanto en comparación a Chile y el resto del mundo, pero no siempre fue así. Durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la situación económica social fue más bien caótica (por cierto, es la imagen que Marx plasmó en sus libros), con niveles de desigualdad y pobreza muy elevados, inmersos en diferentes ciclos de depresión y crisis económicas, así estos países tendieron a caer en diferentes conflictos políticos, sociales y militares.

Las rebeliones liberales en Europa fueron la primera gran concesión de la clase capitalista en búsqueda por asegurar su negocio. El derecho al sufragio selectivo, por una parte, y las leyes sociales que redistribuían la plusvalía, fueron el germen decimonónico que durante la primera mitad del siglo siguiente se convertiría en el Estado de bienestar. Diferentes ejemplos manifiestan esta situación, el gobierno de Disraelí en Inglaterra, las leyes para ayudar a los pobres de 1853 en Suecia, el gobierno de Otto Von Bismarck en Alemania, el gobierno de Napoléon III, representan un período en que se ceden una parte de la plusvalía con el fin de mitigar y amortiguar la llamada Cuestión Social.

Mas sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, el conflicto no se detendría, la primera guerra mundial, sumado a la gran crisis del 29 y el hecho de que todavía la sociedad vivía importantes niveles de penurias, llevaría al ascenso del fascismo y Nacional Socialismo en Italia y Alemania, España entraría en crisis y declararía la República, la cual, tras un breve período entraría en una cruenta guerra civil, en 1921 se declara la guerra entre Grecia y Turquía, Austria se declara en bancarrota y luego entra en guerra civil (1934), en 1924 Grecia se declara República para luego de 4 años ser reemplazada por una dictadura, en 1926 el gobierno militar asume el poder en Polonia, en 1932 Roosevelt asume la presidencia en Estados Unidos temiendo que se produjese la revolución en los Estados Unidos.

El presidente Roosvelt marcó la diferencia a partir del “New Deal”, lo mismo ocurrió en Europa con los gobiernos de la posguerra, todos llevaron la pauta forjando diferentes políticas redistributivas que llevaron la consolidación de sociedades mucho más equitativas.

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Fuente: https://ourworldindata.org/income-inequality

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Fuente: https://ourworldindata.org/income-inequality

¿Se podría gestionar algo similar en Chile? Para responder esta pregunta, debemos partir revisando los datos de tributación y estructura impositiva del país.

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La presión fiscal en Chile es de las más bajas en la OCDE. Así, en Chile es del 20% del PIB mientras que para la OCDE es del 34%.

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Los impuestos sobre los ingresos también son los más bajos en la OCDE, incluso tras México. Además, como podemos observar, son muy poco progresivos, llevando a que la recaudación no varíe en demasía al considerar los diferentes montos de ingresos, esto significa que las rentas más elevadas no imponen al mismo nivel que las rentas cercanas o bajo el promedio.

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A diferencia, los impuestos sobre las utilidades empresariales son de los más elevados dentro de la organización, y sin embargo, es de los países con la menor presión fiscal.

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En relación al total de la recaudación fiscal, Chile encabeza los países de la OCDE con el mayor porcentaje de recaudación fiscal proveniente de impuestos indirectos. Esto es, la mayor parte de los ingresos totales del Estado de Chile, provienen del IVA.

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La relación es inversa si revisamos el impuesto al ingreso como % de la recaudación total. Chile es el último país de la OCDE en esta medición.

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Por su parte, con relación a las contribuciones sociales en relación al total de la recaudación, Chile nuevamente mantiene sus últimos puestos dentro de la OCDE.

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Por último, los impuestos sobre ganancias empresariales en relación al total de la recaudación, Chile ocupa los primeros puestos de la OCDE.

Habiendo visto estos datos, la primera reacción que se me viene en mente, es que los impuestos en Chile son muy poco progresivos y se enfocan, principalmente, en los impuestos indirectos y en las empresas, pero en relación a los ingresos la recaudación es muy baja y no es lo suficientemente progresivo.

Pongámonos en el siguiente escenario, si Chile incrementase los impuestos al nivel promedio de la UE (es decir, del 20 al 40%), considerando que el PIB chileno es de $298.180 millones de dólares (datos del FMI), la recaudación pasaría $59.636 a $119.200 millones de dólares, con los más de US$ 59.564 podríamos,

Entonces:

  • Aumentar $100.000 pesos mensuales el salario del 80% de los trabajadores con menores ingresos costaría un poco más de US$12.800 millones de dólares
  • US$ 2.500 millones de dólares costaría la gratuidad total en educación https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2014/05/07/cerca-de-us-5-000-millones-costaria-la-gratuidad-para-la-educacion-superior/ Considerando que el gasto público en educación (primaria y secundaria) actual es del 3,024%, el Estado necesitaría unos US$ 12.000 millones de dólares para mantener un gasto de US$ 7.500 por estudiante, superior a lo que hoy se utiliza en la educación privada, eliminando en el acto la educación subsidiada.
  • O también a tapar el agujero fiscal que el 2018 cerró en US$ 4720 millones de dólares https://www.efe.com/efe/america/economia/chile-cierra-2018-con-deficit-de-1-7-del-pib-el-mas-bajo-en-4-anos/20000011-3883363
  • Vayamos un poco más allá, si el 7% de cotización por salud fuera administrado por un solo sistema como en los países de la OCDE (y como ya se ha expuesto), la seguridad social tendría US$ 3.5 mil millones de dólares, en total casi US$ 12 mil millones de dólares. Si a este monto sumamos US$ 8 mil millones del excedente mencionado, los recursos per cápita equivaldrían a US$ 1165, más que los recursos que poseen en la actualidad los clientes de Isapre. Es más, eliminar las listas de espera por cirugías nos costaría un poco más de US$ 800 millones de dólares, una cifra pequeña en comparación a los montos que estamos indicando  https://www.latercera.com/nacional/noticia/deficit-hospitales-sube-equivale-resolver-lista-espera-no-auge/122938/
  •  En consecuencia, asumir con todos los dolores que actualmente mantiene el pueblo chileno, nos dejaría con un excedente de US$ 18.544 millones de dólares.  Si US$ 10.000 mil se invierten en Investigación y desarrollo, Chile pasaría a tener un gasto del 3,73% del PIB (esto, sumado a lo que hoy se destina), cifra similar de las más elevadas solo superada por Corea e Israel (actualmente el gasto es de 0,38% la más baja de la OCDE). Los US$ 9.500 millones restantes se podrían destinar al ahorro internacional dentro de fondos soberanos.
  • Por último, si las AFP son reemplazadas por un sistema de reparto, la tasa de reparto podría llegar a superar el 70% (muy superior a la tasa actual).

 

Esta solución que propongo no es mágica, es simple mecánica fiscal y es altamente probable. Podría hacer de Chile un país al nivel OCDE y reconstruir el dolor social que ya lleva décadas en la mente de la sociedad.

Sin embargo, como ya he mencionado previamente, esta solución solo sería duradera en la medida que las condiciones para el negocio capitalista se mantengan intactas y por lo tanto, la tasa de ganancia siga siendo la necesitada. Es por esto que he utilizado a la OCDE como referente y no a China o Cuba. En el fondo de todo, la relación salarios vs ganancias tiene una intrínseca relación con las fuerzas laborales y la lucha de clases, en este aspecto, un incremento de la fuerza relativa de la clase obrera puede obligar a que al menos una parte de los avances de productividad redunde en aumentos del salario real. Y es que conforme avanza el proceso de acumulación capitalista en una fase de expansión económica, el número de trabajadores se incrementa lo que fortalece la clase trabajadora la cual puede en virtud de la lucha de clases, impedir el incremento constante de la explotación.

En este momento la clase capitalista chilena podría hacer concesiones mayores o menores a las que yo he graficado en este ensayo, pero no por esto el capitalismo ha disminuido su mecánica interna ni han dejado de operar sus leyes, el libre comercio, los flujos de inversión, los movimientos bursátiles, la amenaza por paralizar inversiones, el incremento de los desocupados mediante la mecanización, serán siempre métodos para asegurar la concentración de la riqueza en pocas manos, es por esto que el socialismo es la única opción radicalmente opuesta y sostenible en el largo plazo.

El problema es que esta solución es -como indiqué- mucho más difícil de concretar en tanto que para que se construya un real socialismo, éste debe ser internacionalista, por ende mundial, lo que requiere de una clase proletaria a nivel global, y para ello es necesario un amplio desarrollo de las fuerzas productivas a nivel de sistema capitalista a un punto que las mismas leyes de este sistema, pierdan validez y no surtan los efectos que hoy presentan. Al capitalismo todavía le queda tecnología que desarrollar (fundamentalmente la Inteligencia Artificial, la mecanización absoluta de producción y comercio), trabajadores que explotar (3300 millones de personas en el campo) y mucha materia prima que utilizar (fundamentalmente en África).



Categorías:actualidad, Chile, Economia, Política

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